por Claudia Ramírez
El operativo Escuela segura que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció en coordinación con la de Seguridad Pública (SSP) para resguardar las escuelas del país, principalmente las ubicadas en zonas de alta criminalidad, pasó inadvertido para la mayoría de la población e incluso para algunas autoridades.
Los gobiernos de estados y municipios considerados como centros de operación del crimen organizado calificaron “normal” el regreso a clases. Nada diferente a los años anteriores: ambos gobiernos se coordinaron para implementar operativos para agilizar el tránsito y resguardar la seguridad. Esto, a pesar de que la Secretaría de Educación había anunciado patrullajes federales en escuelas de entidades con altos índices de violencia.
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